La Ley Pública Federal 93-112 de 26 de septiembre de 1973, según enmendada, conocida como Ley de Rehabilitación, constituye la piedra angular de la prestación de servicios de rehabilitación vocacional. El propósito principal de dicha Ley, de donde provienen el 78% de los fondos, es proveer ayuda a los estados para que operen programas de servicios abarcadores, ágiles, responsivos, eficientes y costo-efectivos.   Esto, con el objetivo de que las personas con impedimentos obtengan oportunidades de empleo, autosuficiencia económica, independencia, inclusión e integración a la sociedad.  La ARV somete un Plan Estatal a la Administración Federal de Servicios de Rehabilitación (RSA por sus siglas en inglés), el cual se revisa anualmente y es la base para la justificación y utilización de los fondos federales.

Esta Ley, lacual establece los criterios para operar el Programa de Rehabilitación Vocacional,  requiere autonomía programática y fiscal para llevar a cabo sus operaciones. 

En 1998, las enmiendas a la Ley  Pública 93-112, convirtieron la Ley de Rehabilitación en el Título IV de la Ley Pública 105-220 conocida como “Workforce Investment Act” (WIA por sus siglas en inglés).  WIA designa la ARV como socio mandatorio en el Sistema de Inversión en la Fuerza Trabajadora enfatizándose aún más el que las personas con impedimentos que cualifiquen para los servicios de rehabilitación vocacional tienen que tener una meta de empleo como fin último de su proceso de rehabilitación.

En Puerto Rico, mediante la Ley Núm. 97 del 10 de junio de 2000, según enmendada, conocida como Ley de Rehabilitación Vocacional de Puerto Rico, se transfiere a la ARV del Departamento de la Familia (DF) al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH).  Esta Ley además, confirió la autonomía fiscal y administrativa que la ARV necesitaba para cumplir con su misión.