La Ley Pública Federal
93-112 de 26 de septiembre de 1973,
según enmendada, conocida como Ley de
Rehabilitación, constituye la piedra
angular de la prestación de servicios de
rehabilitación vocacional. El propósito
principal de dicha Ley, de donde
provienen el 78% de los fondos, es
proveer ayuda a los estados para que
operen programas de servicios
abarcadores, ágiles, responsivos,
eficientes y costo-efectivos.
Esto, con el objetivo de que las
personas con impedimentos obtengan
oportunidades de empleo, autosuficiencia
económica, independencia, inclusión e
integración a la sociedad. La ARV somete
un Plan Estatal a la Administración Federal
de Servicios de Rehabilitación (RSA por
sus siglas en inglés), el cual se revisa
anualmente y es la base para la
justificación y utilización de los
fondos federales.
Esta Ley, lacual establece
los criterios para operar el Programa de
Rehabilitación Vocacional,
requiere autonomía programática y fiscal
para llevar a cabo sus operaciones.
En 1998, las enmiendas
a la Ley Pública 93-112,
convirtieron la Ley de Rehabilitación en
el Título IV de la Ley Pública 105-220
conocida como “Workforce Investment Act”
(WIA por sus siglas en inglés).
WIA designa la ARV como socio mandatorio
en el Sistema de Inversión en la Fuerza
Trabajadora enfatizándose aún más el que
las personas con impedimentos que
cualifiquen para los servicios de
rehabilitación vocacional tienen que
tener una meta de empleo como fin último
de su proceso de rehabilitación.
En Puerto Rico,
mediante la Ley Núm. 97 del 10 de junio
de 2000, según enmendada, conocida como
Ley de Rehabilitación Vocacional de
Puerto Rico, se transfiere a la ARV del
Departamento de la Familia (DF) al
Departamento del Trabajo y Recursos
Humanos (DTRH). Esta Ley además,
confirió la autonomía fiscal y
administrativa que la ARV necesitaba
para cumplir con su misión.
